La libre expresión y el libre tránsito.

Quienes defienden no renovar la concesión a RCTV no advierten las implicaciones que dicha decisión tiene para “todos” los ciudadanos que viven y comparten el territorio nacional y aspiran ejercer a plenitud los derechos y garantías que cualquier ciudadano puede aspirar en una sociedad civilizada.

Como no todos somos dueños de medios, ni periodistas, ni analistas u opinadores, ni ejercemos el sufragio con la conciencia profunda de las implicaciones naturales de nuestro derecho a la libertad, no todos vemos el problema en su justa dimensión.

Quizás sea mas fácil verlo desde la perspectiva de otro derecho civil e inalienable, de rango y protección constitucional como es el Libre Tránsito.

Imagine que usted es el feliz dueño de un vehículo automotor (carro, taxi, por puesto, camioneta, rústico, buseta o camión con platabanda, es irrelevante) y usted utiliza ese vehículo para trasladarse libremente a su trabajo, hacer las compras del hogar, llevar los niños al colegio, ir de vacaciones, ejercer su oficio, darle colitas a los amigos y en fin, para cualquier fin que usted lo considere conveniente.

Imagine ahora que a la autoridad competente no le gusta el color que usted escogió para su carro o los “periquitos” que le puso, o peor aún debido a que usted lo usa para llevar gente a concentraciones en su contra o se rehusó a inscribirse en el partido político del funcionario, esta autoridad decide iniciar un “nuevo” proceso de matriculación nacional.

Entonces, cuando usted se presenta para renovar la placa, habiendo cumplido con todos los requisitos legales, el funcionario decide “no renovarle las placas” porque no le da la gana; solo a usted, no a “todos los como usted”, pues usted sigue trasladando gente a manifestaciones en contra del funcionario.

¿Cómo se sentiría. Qué haría usted en cuanto a sus derechos?

Pero la cosa no se queda allí. Como no le renuevan las placas al vehículo lo llevan a un estacionamiento de esos que todos conocemos. Una vez allí la autoridad ordena “sacarle el motor a su carro” para instalarlo en otro carro porque es responsabilidad de la autoridad competente asegurar que los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho al libre tránsito; eso si, antes le envía a usted una comunicación garantizándole su derecho de propiedad sobre ese “motor” y que es solo una suerte de préstamo para asegurar a los ciudadanos el ejercicio del libre tránsito, por el cual usted no será compensado de manera alguna.

¿Ahora como se siente?

Cambie al derecho constitucional del Libre Tránsito por el derecho a la Libertad de Expresión; luego cambie a su Vehículo por un Medio de Comunicación (RCTV por ejemplo) y por último a “su motor” por los equipos de transmisión del Medio y entonces entenderá a lo que se reduce el caso de RCTV que tiene conmocionada a la comunidad nacional e internacional.

La Libre Expresión, junto a la Vida, es un derecho civil fundamental, supranacional, universal, inalienable e inviolable que la Constitución lista y el Estado está en obligación de proteger a través de los órganos del poder público, que a su vez están en la obligación de garantizar su ejercicio a “todos” los ciudadanos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y sin mas restricciones que las necesarias para que “todos” los individuos, por igual, puedan ejercer dichos derechos en paz y tranquilidad.

Comete abuso de poder la autoridad competente que en uso de las atribuciones que le confiere la ley como rector del ejercicio de esos derechos, utiliza el subterfugio legal del interés nacional para conculcar esos derechos a unos ciudadanos en pro de otros, porque no existe un interés general superior que la protección del ejercicio y la defensa de los derechos civiles y políticos para todos los ciudadanos.

En el camino de la democracia, la democracia es el camino.

José Andrés Ponce
jose.andres.ponce@tudemocracia.org
http://www.tudemocraciaorg.blogspot.com