Las declaraciones del Presidente Chávez amenazando con nacionalizar mataderos y carnicerías que no cumplan los caprichos regulatorios de precios me hicieron recordar a las viejas horrorosas de mi infancia que aprovechándose de nuestra debilidad corporal recorrían nuestros bracitos con sus tentáculos de terror, jugando adivinar en donde había carne y en donde no hasta llegar a la sensible axila, torturándonos con lo que ellas creían era una gracia cuando en realidad era una abominable muestra de poder y de terror.
Las declaraciones de algunos funcionarios oficiales inquietan de verdad, porque si bien cada uno es responsable de lo que dice y hace, las acciones de los miembros del equipo de gobierno reflejan también como ese equipo piensa y actúa.
La Ministra María Cristina Iglesias declaró recientemente que era imposible que se pensará que los precios de la carne estuviesen alrededor de los Bs. 18/20 mil el Kilo, cuando el precio de la carne viva estuviese por el orden de los Bs. 3.500/3.800. Anunció además posibles medidas en contra de quienes fijaban esos precios, porque atentaban contra las libertades esenciales a la vida y al derecho constitucional a comer carne (o proteínas pues), cuya industrialización, comercialización y venta, según la ministra, es un “servicio público esencial”.
Lo que ignora la funcionaria, de buena o cualquier otra fe, es que un administrador, sea público, privado o familiar, tiene que comportarse como “el mejor padre de familia”. Es irrelevante si usted es administrador de un ministerio, una empresa, una cooperativa, o una ama de casa, la lógica elemental indica que si usted vende por debajo del costo de producción y/o reposición o gasta mas de lo que ingresa, usted pierde dinero o capacidad de ahorro.
Parece absurdo, pero los funcionarios públicos parecieran que no conocen estas reglas de oro, que por ser simples ecuaciones y fórmulas matemáticas, no importa si el régimen es capitalista salvaje o marxista bolivariano, siempre que vendemos por debajo de costos, perdemos y tendemos a desaparecer.
La carne viva a 3.500 bolos se consigue en la finca, pero para que la sabrosa res pueda convertirse en proteína constitucional bolivariana, tiene que pasar por varias etapas, que se conoce como cadena de comercialización, que si bien podría alegarse son “ineficiencias” del mercado, son etapas necesarias para llevar la res de la finca al matadero, transportarla refrigeradamente a los centros de distribución, quienes la llevan a los centros mayoristas, quienes a su vez la llevan a los centros detallistas (las carnicerías y los mercados pues!!!) para que allí encuentre a su hambriento consumidor.
Si los procesos de comercialización fueran gratuitos, obviamente la Ministra podría aspirar a que la carne se vendiera a Bs. 3.500 o a los precios regulados. Pero no lo son, y ella sabe que los distintos participantes en la cadena, quienes además de aspirar a una ganancia normal (a la cual me referiré abajo), incurrir en gastos necesarios y pagar sueldos a empleados, tienen que hacer incrementos al precio que son proporcionales al valor agregado en cada eslabón de la cadena de comercialización.
La revolución también ignora por buena o por otra fe que la inflación, que apunta a 25% en el año, tiene un efecto pernicioso en el capital de trabajo de todos esos intermediarios, así que si ellos no incorporan ese factor de costos, lo que sucede es que los miembros de la cadena de comercialización pierden dinero en el proceso; y a diferencia de quienes administran bienes públicos y las riquezas naturales del país, estos empresarios pequeños, medianos o grandes, se juegan los destinos de sus familias y cualquier error que ellos cometen lo pagan con su dinero propio, no con el presupuesto nacional ni con partidas adicionales.
Un inversionista tiene derecho a aspirar a una ganancia normal y prudente. Olvidando el riesgo que puede significar invertir en Venezuela y sin desconocer el hecho de que la inversión en nuestro país ha caído a niveles alarmantes, ninguna persona sensata invertiría en Venezuela por menos de lo que su capital le produciría si lo dejara invertido en colocaciones monetarias locales o en divisas. O sea, nadie puede aspirar a un retorno de inversión que sea inferior a la suma de la tasa de interés pasiva mas competitiva de la banca y la inflación, sin comprometer dichos recursos ni arriesgarse a que pierdan su valor, descapitalizando las empresas y quebrando a la familias.
Como dijo el ministro Cabezas, la política monetaria orientada al control de la inflación y las políticas fiscales para promover la inversión son medidas sanas y convenientes. La promoción del comercio, la industria y los negocios, aunque no sean afectos al régimen, es una prioridad que los ministerios de la economía tienen que tener como igualmente esencial, porque una buena política monetaria sin promoción de la producción y la competencia solo lograría que los carniceros no digan ni mu!
En el camino de la democracia, la democracia es el camino.
José Andrés Ponce Sardi
Voces de la Democracia
jose.andres.ponce@tudemocracia.org
http://www.tudemocraciaorg.blogspot.com
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